En el marco de una jornada de intercambio de conceptos y experiencias, convocada por la Comisión Quinta del Senado de la República, se avanzó en la definición de acciones a corto, mediano y largo plazo como parte de una propuesta integral para el Gobierno nacional.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, urgió a adoptar medidas para evitar que se repita lo ocurrido durante el apagón de 1992, que tuvo graves consecuencias sociales y económicas para el país y presentó propuestas concretas ante las dificultades que afrontan los mandatarios de esta sección del país.
La constitución de una matriz nacional de compromisos energéticos, con acciones verificables, responsables identificados y plazos de cumplimiento definidos, fue el acuerdo final de la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, realizada por iniciativa de la Comisión Quinta del Senado de la República en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz.
De acuerdo con los participantes, este mecanismo fortalece la capacidad de seguimiento institucional y ciudadano a las decisiones adoptadas para asegurar el abastecimiento energético y mejorar la calidad del servicio en el país.
La jornada, desarrollada entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., convocó a representantes del Gobierno nacional, entidades de regulación y planeación, empresas prestadoras del servicio, gremios y organismos de control, con el propósito de avanzar en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos del sector energético colombiano.
La audiencia se desarrolló en un contexto marcado por las preocupaciones sobre la disponibilidad de energía para atender la demanda nacional, los retrasos en proyectos estratégicos de generación y transmisión, los retos asociados al abastecimiento de gas y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante escenarios climáticos críticos, según explicaron los senadores Camilo Torres Villalba y Gonzalo Baute.
De manera especial, el encuentro puso sobre la mesa las dificultades que enfrenta la región Caribe, relacionadas con las altas tarifas, las interrupciones del servicio y las condiciones operativas de las empresas comercializadoras y distribuidoras.
Entre los participantes estuvieron delegados del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), voceros de empresas como Air-e y Afinia, congresistas de la región Caribe y representantes de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
La articulación de estos actores permitió analizar integralmente los retos actuales del sistema energético y definir acciones coordinadas para garantizar un servicio más confiable, eficiente y sostenible.
En el marco de la audiencia, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, advirtió sobre los riesgos de desabastecimiento eléctrico en Colombia y planteó una hoja de ruta con soluciones de fondo.
Con base en su experiencia al frente de Corelca durante la grave crisis de 1992, el mandatario alertó que repetir un escenario de racionamiento en la Colombia digitalizada de hoy causaría pérdidas económicas por 30,7 billones de pesos, equivalentes al 1,6 % del producto interno bruto (PIB). Además, pondría en riesgo cerca de 210.000 empleos y empujaría a 480.000 personas adicionales a la pobreza monetaria.
“Para prevenir este impacto devastador, es urgente atender la convergencia de amenazas que presionan al sistema, comenzando por el fenómeno de El Niño. Según reportes del IDEAM a octubre de 2026, existe una probabilidad del 83 % de afrontar condiciones de sequía fuertes a muy fuertes hasta el primer trimestre de 2027, lo que hace indispensable asegurar el respaldo de la generación térmica nacional”, sostuvo el mandatario.
En este sentido, Verano resaltó el papel estratégico de la regasificadora SPEC, ubicada en Cartagena, que aporta cerca de 475 millones de pies cúbicos diarios de gas para abastecer centrales de la región, como Termobarranquilla, Termoflores y Termocandelaria. Al mismo tiempo, pidió vigilar que su funcionamiento sea eficiente.
“Quiero alertar de que la fragilidad financiera de la cadena de pagos, la inestabilidad de las obligaciones del mercado y la crisis operativa de comercializadoras como Air-e y Afinia no corresponden a discusiones privadas, sino a un asunto prioritario de seguridad nacional que golpea de forma directa el bolsillo de los usuarios”, señaló.
Frente a la actual coyuntura, Verano planteó cuatro propuestas concretas para que el Congreso y el Gobierno nacional adopten medidas de manera inmediata.
La primera consiste en crear una mesa nacional de seguridad energética para el periodo 2026-2027, que presente un balance público y verificable de la energía firme, los contratos de gas y el mantenimiento de las plantas.
La segunda propone ejecutar un plan acelerado de expansión de las redes de transmisión y distribución en el Caribe, con prioridad para los proyectos productivos.
La tercera contempla diseñar una ruta financiera transparente para estabilizar la operación de Air-e sin trasladar sus desequilibrios a las facturas de los usuarios.
Por último, planteó una revisión regulatoria diferenciada para la región por parte de la CREG, con fundamento en el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 142 de 1994, que, según lo expuesto, exige adaptar los esquemas tarifarios y de calidad a las particularidades climáticas, geográficas y socioeconómicas del territorio costero.
El gobernador concluyó que la equidad regulatoria y la estabilidad energética son fundamentales para garantizar la seguridad económica y social de la nación.
Asimismo, instó a las autoridades del sector a coordinar decisiones de largo plazo y a actuar con métricas e indicadores precisos, “antes de que la falta de previsión conduzca nuevamente al país a la parálisis productiva”, reiteró el mandatario de los atlanticenses.
INSISTENCIA EN SOLUCIONES
La ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, por su parte, pidió el apoyo de los senadores para buscar soluciones a corto plazo, antes de avanzar hacia medidas más profundas y definitivas que permitan al país contar con un sistema energético confiable y con garantías de abastecimiento.
Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe, explicó que la entidad aporta 49 proyectos estructurados a partir de mesas de trabajo realizadas en los departamentos de la región y que todos apuntan a soluciones integrales.
“El llamado de los gobernadores y comunidades al Gobierno nacional es a trabajar mancomunadamente en acciones urgentes de mitigación de la crisis”, anotó Pérez.
Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, destacó el ejercicio realizado con autoridades regionales y locales en torno al tema energético, que será replicado en otras zonas del país.
“La Comisión Quinta del Senado de la República ha iniciado un ejercicio a nivel nacional, que consiste en descentralizar las sesiones y realizar audiencias públicas en compañía del Gobierno nacional, bajo el liderazgo de nuestra ministra de Minas y Energía, la doctora María Noemí, para dialogar con toda la comunidad frente al reto que tenemos de recuperar el sistema energético”, anotó.
El senador Gonzalo Baute, integrante de la comisión convocante de la audiencia, también destacó la importancia de escuchar a los actores del sector energético.
“Es importante este tipo de espacios. Nos complace la participación del Gobierno nacional, no solamente a la Comisión Quinta, sino a toda la comunidad de Barranquilla y del Atlántico, porque de lo que se trata es de trabajar en equipo en la búsqueda de soluciones ante una crisis que viene desde hace tiempo”, comentó.
Información y fotos de la Gobernación del Atlántico.
